Estos fueron algunos de los cuestionamientos de diputados y las respuestas de los funcionarios en la reunión con los jefes de bloque del Congreso el miércoles.

En la citación los parlamentarios expresaron posturas divididas respecto a la decisión de no prorrogar el contrato petrolero 2-85, y mostraron dudas sobre la legalidad del procedimiento utilizado para declarar de emergencia la contratación de servicios petroleros destinados al desmantelamiento del campo Xan y a la operación de los otros dos activos, argumentando que hacen falta dictámenes de la Comisión Nacional Petrolera.

Del valor en libros de US$320 millones, alrededor del 60% corresponde a la refinería y al oleoducto, según el ministro Víctor Hugo Ventura; el 40% restante es del campo Xan, que incluye equipo que podrá seguir utilizándose o venderse.

Parte de los activos del campo Xan podrían continuar en uso, dado que se considera necesaria la reactivación de la industria de hidrocarburos fuera del área protegida, añadió Ventura.

El ministro dijo que dentro de los planes para esa actividad mencionó que recientemente se trabajó el caso del campo Atzam para reactivarlo y de igual forma se hará con el campo Chocop, el cual, comentó el funcionario tiene buenas perspectivas de explotación de petróleo pesado que pudiera alimentar la refinería. Por aparte se ha analizado áreas nuevas pero fuera de áreas protegidas, aunque estas requieren más tiempo para el proceso de licitación y para que se vuelvan productoras, expresó Ventura.

Las dos primeras infraestructuras seguirán operando, por lo que estos activos estarán temporalmente a cargo del MEM, hasta que se contrate a la o las empresas encargadas de su operación y administración. Ya se emitieron dos acuerdos de emergencia para contratar servicios petroleros. Ventura estimó que se requerirán alrededor de tres meses para contar con un nuevo operador, el cual podría ser una o dos empresas, según los requisitos y ofertas presentadas.

En el caso del campo Xan, Ventura confirmó que se procederá al cierre técnico y al desmantelamiento, pues la ley prohíbe la explotación petrolera a partir del 13 de agosto. El cierre técnico de los 59 pozos se estima en tres años, a un ritmo de más de un pozo por mes.

Parte de la infraestructura se reutilizará en la industria petrolera, como torres de perforación y generadores eléctricos, que podrán ser utilizados por el Estado o adquiridos por empresas interesadas.

Al respecto, Arzú Escobar criticó la posibilidad de que se vendan partes de la estructura como chatarra.

Señalan que emergencia por campo Xan no tiene dictamen favorable

Algunos diputados celebran el cierre del campo, mientras que otros abogan por impulsar la actividad petrolera en otras áreas, o incluso en la misma.

Sin embargo, cuestionan la legalidad de los acuerdos que declararon la emergencia, argumentando que no se siguieron los procedimientos establecidos. El parlamentario Álvaro Arzú Escobar citó los artículos 44 y 50 de la Ley de Hidrocarburos, que exigen una opinión favorable de la Comisión Nacional Petrolera antes de declarar una emergencia. Ventura respondió que la comisión ha acompañado el proceso durante un año, pero no emitió dictamen.

Arzú opinó que los acuerdos deben derogarse por haber sido emitidos de forma anómala y que, una vez emitido el dictamen favorable, deberían emitirse nuevos acuerdos. El diputado Luis Aguirre coincidió en solicitar la derogación, porque expuso que se corría el riesgo de acciones legales contra esos procesos. Ventura respondió que pedirá asesoría legal de los abogados del ministerio.

El diputado Jesús Mejía pidió no desmantelar el campo y que la explotación se retome en el próximo gobierno. Por su parte, Fidel Reyes Lee propuso un nuevo modelo de contrato en el cual el 34% de la empresa pertenezca al Estado, 33% al sector privado y 33% a ciudadanos accionistas, con base en una ley de concesiones ya dictaminada en el Congreso.

Entre otras posturas, se discutieron los ingresos generados por la operación petrolera y los costos que ha implicado para el Estado reconocer las inversiones efectuadas, las cuales no siempre resultan favorables para el erario. Ahora, cuestionan que además se tendrá que pagar alrededor de US$50 millones por parte del Estado para el cierre técnico del campo Xan.

Ambiente: ministra desconoce impacto

Cuestionada por Arzú sobre los daños directos causados por la actividad petrolera durante 40 años, la ministra de ambiente, Patricia Orantes respondió que no los conoce, pero aclaró que el desconocimiento no implica ausencia de daños.

Mencionó que, en 2010, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) hizo una evaluación del valor económico del Parque Nacional Laguna del Tigre —el humedal con más agua dulce en Mesoamérica—, el cual genera Q5 mil 400 millones anuales en bienes y servicios ambientales. Por ello, las autoridades ambientales han defendido el principio de precautoriedad.

Además, anunció que en septiembre se iniciarán dos acciones: primero, enviar un equipo técnico a evaluar los pasivos ambientales en las 10 mil hectáreas del polígono Xan, y segundo, elaborar los términos de referencia para la evaluación de impacto ambiental que deberá cumplir la empresa que contrate el MEM para el cierre técnico de los pozos.

Agregó que en las 10 mil hectáreas se han identificado nueve sitios arqueológicos, usurpaciones para ganadería y agricultura, y una población ilegal de 710 personas en la zona de la laguna Vista Hermosa.

También señaló que no hay diferencia significativa en el uso de la tierra dentro y fuera del polígono, por lo cual desmintió que solo la empresa mantuviera actividad ecológica.