Errores, manipulación y opacidad: la narrativa de la ministra Norma Zea antes de acudir al Congreso
La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, tiene planificado acudir este martes 27 de octubre a la Comisión de Finanzas del Congreso, donde dará sus justificaciones para requerir más de Q10 mil 600 millones de presupuesto 2027 para la cartera a su cargo. Desde el Gobierno central se comenzó a hablar desde […]
La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, tiene planificado acudir este martes 27 de octubre a la Comisión de Finanzas del Congreso, donde dará sus justificaciones para requerir más de Q10 mil 600 millones de presupuesto 2027 para la cartera a su cargo.
Desde el Gobierno central se comenzó a hablar desde este fin de semana de supuestos errores en que han incurrido «algunos sectores» al pretender comparar el costo de los puentes por emergencia adjudicados por el CIV (Moca, Las Pericas y Santa Bárbara) con el megapuente inaugurado recientemente por el presidente Nayib Bukele en la frontera entre Guatemala y El Salvador.
La Hora fue uno de esos «sectores» que puso sobre la mesa la comparación, después de que se le ha dado una amplia cobertura a la adjudicación de los tres «Puentes de Primavera» por tener una sobrevaloración estimada hasta en Q148 millones (los tres sumados). También por la discrecionalidad con que se seleccionó a los oferentes y a la opacidad que ha acompañado al proceso.
En un video difundido en las redes sociales del Gobierno de Guatemala se señala que comparar los puentes adjudicados por emergencia (Q276.9 millones) y el puente Binacional Manuel José Arce, costeado por El Salvador (Q249.2 millones), es como «comparar peras con manzanas».
Según una nota publicada por este medio, el costo por metro del puente salvadoreño asciende a Q590 mil, mientras que los del Moca (en el kilómetro 132 de la ruta al Pacífico) y el de Las Pericas (km 95, ruta a las Verapaces) cuestan Q1.37 millones por metro. Mientras que el costo por metro del puente Santa Bárbara (km 140, también de la ruta a Cobán) es de Q1.12 millones.
De nuevo, como en ocasiones anteriores, cuando la ministra Zea ha demeritado las publicaciones periodísticas, en esta ocasión, en el video se afirma que «dividir el precio total de una obra por el número de kilómetros y compararlo con otro» es «técnicamente incorrecto», ya que es un «error dejar fuera características importantes».
Entre estas, se reafirma en el video: «el tipo de terreno donde se construirá, la ubicación de la obra, el cauce del río y las medidas de protección».
Anteriormente, en otros videos y en comparecencias ante los medios de comunicación, Zea ha hecho los mismos señalamientos cuando este medio comprobó que los tres puentes en cuestión también eran más caros —por metro— que varios de los adjudicados durante el Gobierno de Alejandro Giammattei.
En una conferencia de prensa ofrecida el pasado 2 de septiembre, la titular del CIV atribuyó los elevados precios a la inflación, a la coyuntura económica actual y a que fueron adjudicados por emergencia, lo cual significa que serán terminados en un año, lo que puede incrementar los costos.
El mensaje del CIV se difundió antes de que Zea tenga que acudir al Congreso a justificar los fondos que requiere la institución para el próximo año, que, según el proyecto de presupuesto que se encuentra en el Ministerio de Finanzas, asciende a Q10 mil 668 millones, que incluyen Q8 mil millones para el desarrollo de la infraestructura vial.
LO QUE NO DICEN LOS VIDEOS
Sin embargo, en los mensajes difundidos en las redes sociales del Gobierno no se explican las razones puntuales de por qué el costo del puente salvadoreño es por mucho menor.
Tampoco (y aunque se invita a quienes observan el video a revisar la información de Guatecompras) se habla de la opacidad que ha acompañado a los procesos de contratación.
Por ejemplo, las ofertas todavía no se publican en Guatecompras.La Hora pudo acceder a ellas por medio de una solicitud de acceso a la información pública. El CIV se tomó los plazos máximos para entregar la información, primero 10 días hábiles, a los cuales se les agregó otros 10, puesto que solicitaron una prórroga.
En total, se tardaron un mes para otorgar las ofertas, las cuales fueron entregadas en un disco compacto, tecnología que prácticamente está en desuso, puesto que la gran mayoría de computadoras modernas, consolas de videojuegos o automóviles ya no incluyen lectores de dichos dispositivos.
Además, en un artículo publicado por este medio el pasado 8 de octubre, se da a conocer que dichas ofertas no venían detalladas por renglones, sino que se limitaban a cumplir requisitos generales y a colocar una hoja en la que se especificaba el precio del diseño del puente, el de su construcción y el total.
Las explicaciones tampoco aclaran las dudas en torno a qué criterios se utilizaron para «invitar» a las constructoras que presentaron ofertas para el diseño y construcción de los puentes. Al final de cuentas, los tres contratos fueron adjudicados a empresas con cuestionada experiencia en la construcción de este tipo de infraestructuras en el sector público.
Esta discrecionalidad fue uno de los puntos que destacó la Contraloría General de Cuentas (CGC) en un informe preliminar al que tuvo acceso La Hora, sobre una auditoría concurrente que le practica al proceso de compra.
De acuerdo con un artículo publicado el 30 de septiembre, en las bases de licitación de cada concurso se estableció que la ministra Zea definiría una lista de posibles oferentes a quienes se les invitó para presentar ofertas, pero la CGC dijo que esto contradice a la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (la base legal para los concursos por emergencia), porque «no establece expresamente una facultad para que la autoridad superior seleccione discrecionalmente a los proveedores que serán invitados a presentar ofertas«.
“Puentes de Primavera”: Informe preliminar de Contraloría expone graves hallazgos en oscuro negocio
Dicho informe de Contraloría, cuyos hallazgos aún no se sabe si fueron confirmados por los auditores, también habla de una posible sobrevaloración, de cuestionados criterios de evaluación, de falta de visitas de campo y de proveedores sin experiencia y sin un adecuado RGAE (Registro General de Adquisiciones del Estado).
REUNIONES Y CAMBIO DE PRECIOS
Asimismo, otros elementos que suman a las dudas sobre la transparencia del proceso van en la línea de acuerdos previos para otorgar las adjudicaciones y el cambio del costo de referencia de los puentes en cuestión.
En el primer punto, el pasado 22 de octubre La Hora publicó la nota «La reunión que todos niegan: obras, contratos por emergencia y el balance del Congreso«, en la cual se revela la existencia de una reunión ocurrida a finales de octubre de 2025, entre la ministra Zea, diputados y asesores, cuyo fin era acelerar las adjudicaciones por emergencia, y en la cual un empresario, que sirvió de enlace con el resto de constructores, se comprometió a costear transporte y viáticos a personal del CIV para que evaluaran los proyectos y emitieran dictámenes.
De estos hechos se entiende que, cuando se celebró dicha reunión, los contratos ya estaban pactados a qué empresa se les adjudicarían y que los concursos y los eventos subidos a Guatecompras fueron solo una formalidad.
La reunión que todos niegan: obras, contratos por emergencia y el balance del Congreso
Además, La Hora tuvo información de fuentes a lo interno del CIV de que, en medio del proceso de elaboración de las bases de la licitación por emergencia, para el diseño y construcción de los puentes Moca, Las Pericas y Santa Bárbara, la entidad técnica de la Dirección General de Caminos (DGC) ya había estimado precios para cada una de las estructuras y que eran mucho más bajos que los que finalmente fueron adjudicados.
De acuerdo con la información, a inicios de abril de 2026, el Departamento Técnico de Ingeniería (DTI) de la DGC elaboró las bases de licitación por emergencia y el precio proyectado fue de Q187 millones por los tres puentes, por lo cual el excedente, según el precio por el que fueron adjudicados, llega a Q89.8 millones.
Asimismo, las fuentes indicaron que el principal asesor de la ministra Zea, Gilberto Guerra, estuvo detrás del cambio de los costos y de la modificación a las bases de licitación debido a que el estándar de experiencia requerido por la DTI al principio era muy elevado.