La licitación por Q84 millones para la compra de armas de fuego a favor de una empresa relacionada con familiares de una ministra de Estado sigue vigente, aunque no se descarta su cancelación, según declaró Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Para Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, el proceso presenta muchos cuestionamientos que podrían afectar la imagen del presidente Bernardo Arévalo.

“Si el gobierno realmente está comprometido con combatir la corrupción y promover la transparencia, debería abstenerse de concretar ese negocio”, opinó.

Marroquín advirtió que de continuar con la adjudicación, habrían argumentos para quienes critican a la actual administración. “Se utilizará fuertemente por la oposición; esta vez sí tendrán base para sustentar sus señalamientos”, señaló.

Por su parte, el analista político independiente Alejandro Quinteros consideró que la credibilidad del gobierno se ha deteriorado por la complejidad de la Ley de Contrataciones del Estado.

“Ese vínculo familiar no constituye un delito”, explicó. Sin embargo, dada la postura crítica del ahora cancelado Movimiento Semilla sobre prácticas similares en el pasado, “el gobierno debe predicar con el ejemplo” y repetir la licitación.

“Siempre puede haber oferentes con nexos con funcionarios. No es ilegal, si el proceso se maneja con transparencia. Pero este Ejecutivo ha criticado antes estas situaciones. Si exigieron revisiones, deben revisar sus propias acciones”, añadió.

En caso de repetirse el concurso, las autoridades y la empresa deberán actuar con cautela. “Es una cuestión moral abstenerse de participar para evitar estos escenarios. Una empresa bien constituida puede operar sin contratos estatales”, concluyó Quinteros.

Reconoce conexión

Jiménez ofreció una conferencia de prensa después de guardar silencio respecto de la adjudicación a la empresa Mundo de las Armas, cuyos representantes legales son dos hermanos de la ministra de Cultura, Liwy Grazioso.

El funcionario confirmó el vínculo familiar entre los representantes de la empresa y la ministra, pero aseguró que en ningún momento se favoreció a la entidad por esa razón.

El Mingob busca adquirir 10 mil armas de fuego, y en las bases de licitación especificó un modelo que, según explicó Jiménez, motivó que el proceso se declarara de proveedor único.

Aunque tres empresas presentaron documentos, únicamente Mundo de las Armas ofreció el equipo que actualmente utiliza la Policía Nacional Civil (PNC), una estandarización que, afirmó, se implementó desde el gobierno del 2015.

“Desde el inicio de nuestra gestión priorizamos el equipamiento de la PNC, no como un lujo, sino como una responsabilidad del Estado con su gente”, dijo Jiménez. Añadió que el proceso se desarrolló dentro del marco legal. “No es un proceso improvisado, ni oscuro, ni fuera de la ley”, insistió.

El ministro enfatizó en que su administración no tiene intereses con ninguna empresa, y que las especificaciones técnicas establecidas preceden la designación de Grazioso como ministra.

Pedirá prórroga

La Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió una serie de hallazgos luego de concluir una auditoría del proceso. El informe fue remitido al Mingob, con plazo hasta ayer para presentar postura y detallar acciones administrativas.

Jiménez indicó que solicitará una prórroga de cinco días para analizar el informe y decidir qué medidas adoptar, sin descartar la posibilidad de anular la adjudicación que ha sido cuestionada por el vínculo familiar.

“Se tomarán en cuenta las sugerencias que nos den”, resaltó. “No podemos dar una respuesta definitiva hasta que se analice de manera conjunta”, indicó.

El ministro expresó su disposición de trabajar con la CGC para definir los escenarios posibles respecto del evento, que calificó de efectivo. “Sostenemos que hicimos un buen trabajo”, recalcó.

La CGC manifestó dudas sobre la justificación del proveedor único, y advirtió que otras empresas ofrecieron las mismas armas a menor precio.

Incluso, una de las oferentes presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), señalando un posible sesgo a favor de la empresa vinculada con familiares de una ministra del gabinete de Arévalo.

Durante la conferencia, Jiménez afirmó que no ha recibido requerimientos judiciales. El caso está en manos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía contra la Corrupción.