Puentes de Primavera: crónica de las advertencias ignoradas detrás de un negocio que sigue en pie
Desde que se aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, en noviembre de 2024, se creyó que era la oportunidad para cambiar la forma como históricamente se han manejado las contrataciones en el sector público desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). El artículo 95 de dicha ley aprobó la «modalidad especial de […]
Desde que se aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, en noviembre de 2024, se creyó que era la oportunidad para cambiar la forma como históricamente se han manejado las contrataciones en el sector público desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
El artículo 95de dicha ley aprobó la «modalidad especial de licitación por emergencia» con el objetivo de que, en lo que se consolidaba la implementación de la norma, el CIV atendiera las carreteras centroamericanas de forma ágil, para lo cual avala obviar ciertos pasos y tiempos de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).
La aprobación de la Ley está por cumplir dos años, pero su implementación marcha con notables retrasos. Hasta el pasado 8 de septiembre, de acuerdo con un reporte de Fundesa, ya había 16 obligaciones cuyo plazo legal se había vencido, otras cinco que estaban en tiempo y solo una que se había cumplido.
Sin embargo, lo que sí se ha implementado con rapidez es el artículo 95, de tal cuenta que ya se han adjudicado Q1 mil 678 millones por medio de licitaciones por emergencia para proyectos de infraestructura.
En total, hasta el 14 de octubre último, eran 15 proyectos, dentro de estos tres polémicos puentes, cuyo proceso de contratación ha seguido de cerca La Hora con una serie de publicaciones que han alertado de diversas anomalías, que han sido ignoradas por las autoridades del CIV y por el propio presidente Bernardo Arévalo.
Se trata de los puentes Mocá, que se ubica en el kilómetro 132 de la ruta al Pacífico (Q130.3 millones); Las Pericas, en el kilómetro 95 de la carretera a las Verapaces (Q68.3 millones); y el Santa Bárbara, en el 140 de la misma ruta (Q78.2 millones).
El pasado 19 de agosto se publicó el primer trabajo relacionado con los puentes, en el cual se alertaba de que se repetía un patrón implementado en gobiernos anteriores para la contratación de obra pública, principalmente en el de Alejandro Giammattei, puesto que los millonarios contratos se habían adjudicado con una posible sobrevaloración y a empresas con dudosa experiencia.
El día 27 del mismo mes se publicó un artículo periodístico en el que se calculó la sobrevaloración de los puentes en Q148 millones. ¿Cómo se llegó a esta cifra? La hora hizo una cotización con una empresa de sólido prestigio y de larga data en la construcción de puentes, con base en los planos y especificaciones técnicas que estaban publicadas en Guatecompras.
La empresa estimó el costo de las tres estructuras en Q128.2 millones, mientras que el CIV los adjudicó por un monto que, sumados, llega a los Q276.9 millones. No obstante, la ministra Norma Zea defendió la adjudicación durante una citación en el Congreso.
Mientras eso sucedía, también levantaba sospechas el hecho de que las ofertas no se publicaban en Guatecompras(de hecho, siguen sin publicarse) y el que la oficina de Comunicación Social no respondía las preguntas que este medio le hacía por el tema de los puentes. Después de la referida citación, ante la consulta de este medio, Zea ofreció conceder una entrevista, lo cual hasta la fecha no se ha concretado.
Sean responsables, el empujón del guardaespaldas y la entrevista que nunca se da
El 28 de agosto, este medio publicó un artículo en el cual hizo una comparación de los tres puentes adjudicados con otros que se adjudicaron en el gobierno de Alejandro Giammattei, y constató que los de la administración Arévalo eran más caros por metro lineal.
Mientras en el gobierno anterior hubo puentes que se adjudicaron a un precio por metro de Q446 mil, los tres puentes en cuestión se adjudicaron a Q1 millón 118 mil (Santa Bárbara), Q1 millón 366 mil (Las Pericas) y Q1 millón 371 mil (Moca), igual por metro lineal.
La ministra, cuando intentó explicar las diferencias, las atribuyó —entre otros factores— a la inflación y a que estos se construirían más rápido, lo que puede aumentar los costos de las empresas.
El 19 de septiembre, en otro episodio que sembró más dudas respecto a los procesos de contratación, este medio reveló que los informes emitidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) utilizados como respaldo para hacer las adjudicaciones, hacían referencia a un riesgo «bajo» a deslizamientos e inundaciones, pero no dicen nada de las condiciones de los puentes.
El artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria dice que para que se apruebe un proyecto de licitación por emergencia basta que lleve un dictamen de Conred, puesto que la modalidad se crea para que, «ante los riesgos, ocurridos o inminentes, a la vida o a la integridad física de los habitantes del país circulando a través de los proyectos de infraestructura vial prioritaria».
El 22 de septiembre se publicó la nota en la cual se da a conocer que la contratación de los proyectos era un hecho, puesto que la Contraloría General de Cuentas (CGC) no emitiría ningún reparo por las contrataciones.
Dicha inacción se produjo en una semana clave al final de la cual la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas eligió a los seis finalistas para dirigir esta institución, en el periodo 2026 al 2030.
Posteriormente, este medio entrevistó a técnicos de la Conred, quienes confirmaron que la institución no puede emitir dictamen sobre las condiciones estructurales de un puente, sino solo de las condiciones del terreno.
Las explicaciones están recogidas en la nota «El CIV jugó la vuelta a la ley: Conred no evaluó condiciones estructurales de puentes licitados por emergencia«. Entre otras justificaciones, los técnicos expusieron que pueden hacer inspecciones y eventuales recomendaciones, pero que los dictámenes de la estructura corresponden a Comunicaciones.
Este medio supo que la Contraloría, que practicaba una auditoría al proceso de contratación de los puentes, había emitido un informe preliminar en el que, prácticamente,coincidía en señalar las irregularidades que había publicado La Hora.
Y añadía otras. En la nota publicada el 22 de septiembre se habla, por ejemplo, que la ministra Zea se atribuyó la competencia de seleccionar a las empresas seleccionadas para presentar ofertas a su discreción, sin que eso estuviera establecido en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
En el informe preliminar, la Contraloría también señaló sobrevaloración y la inexperiencia de las empresas. Hasta el momento de la publicación de este artículo, el informe final no ha sido concluido.
Al ser consultado, el presidente Bernardo Arévalo no mostró preocupación por los hallazgos preliminares, y más bien arremetió en contra de La Hora por haber accedido a un documento preliminar e incluso, en un arranque de bilis y pareciendo desconocer lo que dicen las leyes guatemaltecas, afirmó que el medio pudo cometer una ilegalidad.
El 3 de octubre, este medio publicó una investigación basada en fuentes internas y externas del CIV que conocen del tema, que las bases de licitación habían sido manipuladas y los costos alteradospor el principal asesor de la ministra Norma Zea: Gilberto de Jesús Guerra, un exdirector de Caminos que fue destituido en julio de 2024 por el exministro Félix Alvarado por pretender incidir en el proceso de adjudicación de la rehabilitación del km 44 de la autopista Palín-Escuintla.
Finalmente, el 8 de octubre se publicó otro reportaje que advertía de otra irregularidad.
Por medio de una solicitud de acceso a la información pública (cuya entrega se hizo en un mes y en un disquete), este medio accedió a las tres ofertas y constató que, entre otros hallazgos, las tres eran muy similares y en ninguna se especificaba el costo por renglón de cada puentey, en vez de eso, la oferta consistía en una hoja en formato PDF, en donde solo se consignó el costo del diseño y el costo de la construcción y la suma de ambos, que representaba el costo total del proyecto.
Diputado a ministra Zea: no quisiera que fuera un proyecto corrupto