A pesar de los múltiples llamados al veto, el presidente Bernardo Arévalo continúa sin tomar una decisión sobre el Decreto 7-2025 del Congreso, Ley Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), el cual permite la ejecución de fondos del Presupuesto 2025 durante el próximo año, sin que haya dictámenes técnicos.

La normativa aprobada con 107 votos por los partidos Cabal, Vamos, así como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Todos, Elefante y Nosotros, ha sido criticada por sectores empresariales y organizaciones académicas, quienes han solicitado el veto al Presidente.

La normativa establece que los fondos para Codedes del actual Presupuesto podrán ser utilizados durante el próximo año, y la totalidad de los recursos deberán ser traslados a las unidades ejecutoras, es decir las municipalidades, para lo cual solo será requisito la suscripción de los convenios de ejecución de obras que se suscriban con las comunas.

La Hora habló con analistas, quienes señalaron que Arévalo debe vetar la normativa, al mismo tiempo que subrayaron que la ley para Codedes es de importancia para los diputados y alcaldes, ya que se trata de un «enorme botín», por lo cual la alianza de oposición podría rechazar la decisión del mandatario.

QUEZADA: CONGRESO TIENE SUFICIENTES VOTOS

El analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, señaló que la normativa tiene violaciones flagrantes a la Constitución, por lo cual señaló que, independientemente si le beneficia o si la bancada oficialista estuvo buscando su aprobación, el Presidente en respeto a un valor superior como lo es la Constitución, debe vetar la ley y pedir que se envíe a consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Si no lo hace, si el presidente, inclusive, toma una actitud pasiva y permite que esto se apruebe tácitamente, prácticamente se va a entender que estuvo detrás de ese decreto. Entonces tiene que tener una actitud en defensa de la Constitución, encima de los intereses de su bancada, encima de los intereses que representa, solo esa actitud puede tener”, indicó.

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También, explicó que luego del veto, el presidente aduce las inconstitucionalidades, lo que obliga al Congreso a remitir a consulta a la alta Corte, donde los magistrados, con su opinión, pueden decir “sí, hay asuntos de constitucionalidad en este decreto y, por lo tanto, el decreto va a cobrar vigencia”.

En caso el Tribunal Constitucional decida que la ley no tiene problemas de constitucionalidad, entonces el Congreso podrá realizar una segunda votación y hacer valer el decreto en contra del veto del Presidente, según Quezada.

En esta línea, el analista aseguró que el Congreso tiene los suficientes votos como para rechazar el veto Presidencial si se llegara a dar.

ROSAL: CREO QUE SE HAN DEBILITADO

Asimismo, el analista independiente, Renzo Rosal, sostuvo que se debe analizar las consideraciones que tomará Arévalo, aunque destacó que ha recibido mensajes de ambos lados, pero de manera mayoritaria solicitando el veto. Por ejemplo, sectores de investigación y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), así como algunos alcaldes.

Rosal resaltó que el mandatario es una persona “un tanto dubitativa», ya que no tiene un carácter muy particular con el que se pueda afirmar que “va a ser A o B”.

A su vez, manifestó que se debe analizar la correlación de fuerzas dentro del Congreso, es decir, si la oposición logra los 107 votos para reafirmar el voto para que la ley sea promulgada y formalizada.

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De acuerdo con Rosal, es probable que los 107 diputados aprueben de nuevo la ley, aunque mencionó que la aprobación estará un “poco cuesta arriba”.

“Creo que ya se han debilitado, en alguna medida, así que casi siento un poco de dificultad que se pueda repetir el mismo número de votos que se consiguieron cuando de manera sorpresiva se aprobó esta iniciativa de urgencia nacional hace algunos días”, concretó.

LINARES: ES UN ENORME BOTÍN

Asimismo, el analista independiente, Luis Linares, destacó que los Codedes no son los administradores de los fondos porque en realidad el dinero es dirigido a las municipalidades, por lo cual recalcó que la alianza es entre alcaldes y diputados.

De acuerdo con Linares, los alcaldes están interesados en el manejo de los recursos, ya que se ha convertido en la principal fuente de corrupción, y los fondos fueron incrementados enormemente este año, por ello, remarcó que la ley es un «enorme botín”.

En esta línea, el experto recalcó que el Presidente está moralmente obligado a vetar el decreto, a pesar de que es muy probable que el Congreso mantenga la alianza y ratifique la aprobación de la normativa.

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“Creo que el Presidente debe dejar salvada su responsabilidad moral”, recalcó.

URÍZAR: HAY UN INTERÉS MUY GRANDE

Asimismo, el analista independiente, Javier Urízar, destacó que la alianza sí podría obtener los votos nuevamente, ya que parece que hay un interés muy grande en la normativa y los beneficios que confiere, especialmente considerando las elecciones del próximo año que incluye designación de Fiscal General, magistrados de la CC y del Tribunal Supremo Electoral, mientras que en el siguiente, las Elecciones Generales de 2027.

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