En el análisis de ALas845 conversamos sobre el tema, “Decreto 7-2025: ¿Fortalecimiento financiero o retroceso institucional?”.

El invitado fue Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), quien dialogó sobre la normativa aprobada a favor de las Codedes para poder trasladar recursos no ejecutados este año, para el siguiente.

Según Barrientos, la justificación fue dar continuidad a obras detenidas por “razones administrativas o técnicas” y la controversia es que cámaras empresariales, tanques de pensamiento y algunas otras entidades, incluyendo bancadas piden el veto presidencial.

“Bueno nosotros fuimos muy claros no vemos bien esto. Esta que se aprobó tenía el número sesenta y seis cero ocho todavía el día miércoles, ayer si tú ponías sesenta y seis cero ocho no aparecía esta iniciativa de ley en el sitio del Congreso. O sea que ni siquiera la colgaron en la página de internet del Congreso para que la ciudadanía, ustedes, su servidor, el ICEFI y cualquier otro centro de pensamiento pudiéramos leer que era, o sea que sí, sí se actuó con secretividad se actuó de una manera digamos sin discusión, sin análisis. El contenido es fiscalmente nocivo, es peligroso, es dañino y por eso es que nosotros no titubeamos y no dudamos en inmediatamente solicitarle al presidente Arévalo que ejerza su su facultad constitucional de vetar”, dijo.

Pero Barrientos resaltó otra parte del decreto que permitiría un “silencio administrativo a todas aquellas entidades que tienen que emitir avales, resoluciones, licencias y todas estas entidades que supervisan los proyectos” de los Consejos de Desarrollo.

“Son los garantes de la calidad; entonces básicamente es, mira si tú en cinco días hábiles no me resuelves como yo quiero pues damos por resuelto damos por aprobado y eso es inconstitucional. Yo creo que sí puede atentar contra la propia Constitución pero si no es inconstitucional definitivamente coarta y restringe las facultades legales y constitucionales de entidades como la Segeplan”, indicó.

Esta última entidad, fue la que el experto señaló como la más afectada, pues es el “rector de la inversión pública”.

“Una de las entidades más severamente afectadas por esta medida del silencio administrativo es la Segeplan. ¿Cómo va a ser que el ente rector de la inversión pública no pueda analizar los proyectos? Es que el mismo secretario de Segeplan le plantea al presidente, mire presidente esta iniciativa de ley que presentan nuestros diputados no está bien, entonces hubo discusión, hubo debate y lo que entiendo es que el propio presidente le dice bueno ya no la impulsemos en el Congreso vamos a preparar algo que esté mejor”, resaltó.

La entrevista completa: